Declaración Pública Fundación Santiago Se
Levanta
Respecto de la
aprobación del proyecto que indulta a presos del estallido social por parte de
la Comisión de Constitución del Senado, queremos manifestar nuestro descontento
por significar esto no solamente una aprobación por parte de nuestros
parlamentarios a la violencia como método legítimo para conseguir respuestas
condicionadamente positivas, sino un
claro abandono de deberes por parte del estado hacia el ciudadano común y
corriente no aplicando los distintos tipos de protección que nos significan la
certeza jurídica y el apego al estado de derecho.
Indultar a personas que
cometieron actos terroristas de forma sistemática en el lugar en donde vivimos,
trabajamos o estudiamos, no sólo significa dejar libres a nuestros agresores
por parte de quiénes debiesen velar por nuestra seguridad física y mental, sino
además significa una clara señal de que la certeza jurídica dejaría de existir
en nuestro país.
Muchas de las familias
víctimas de estos actos, hemos visto mermadas no solamente nuestra calidad de
vida, libre tránsito, libertad de expresión, libertad de emprender o vivir en
un medio ambiente sano y seguro, sino, además, muchos se encuentran amenazados
o presionados a dejar de vivir, trabajar o emprender debido a que nuestro
gobierno ha dejado de cumplir con el deber de darnos protección. Y cuando
hablamos de protección lo hacemos en tres áreas distintas.
La primera es la
física, pues claramente el abandono por parte del estado a su deber de ejercer
el monopolio de la fuerza en los casos que sea necesario, nos ha significado tener negocios quemados,
saqueados, edificios habitacionales y comerciales amenazados con ser
incendiados, civiles amenazados de muerte y atacados por estas primeras líneas.
La segunda es la
protección mental, pues al no dejar que las Fuerzas de orden ejerzan la labor
para la cual están mandatadas, ha significado que nuestra comuna se vea
“secuestrada” por actos extremadamente violentos cada vez que ellos deciden
“manifestarse”. Y no solamente eso, pues prácticamente hemos pasado dos años encerrados
en nuestros domicilios los días viernes después de las 17:00 horas aquellos que
vivimos en el centro, pues ellos se toman las calles no para manifestarse de
forma pacífica, tal como lo permite a cualquiera nuestra constitución, sino
para ejercer violencia de alto calibre. Todo esto ha significado en estos casi
dos años no solamente una disminución de nuestra tranquilidad mental, sino
tener que estar alertas todo el tiempo, como si estuviésemos en una zona de
guerra.
Finalmente, el gobierno
se ha negado desde el mismo 18 de octubre de 2019 a darnos certeza jurídica,
pues pese a que existen los mecanismos de defensa del terrorismo como la Ley
antiterrorista, se han negado a aplicarla dejando a personas extremadamente
peligrosas como simples delincuentes. Aún más, se han enfocado en perseguir a
los únicos que se han atrevido una y otra vez a defendernos, a saber, Carabineros
de Chile.
Por todas estas razones
aprobar un indulto que dejaría libre a nuestros agresores y a quiénes nos han
tenido en estado de guerra, amenazados, presionados y con terror durante los
últimos 24 meses significaría para nosotros el abandono por parte del Estado de
las tres áreas de protección básicas que debiese garantizar a cualquier
ciudadano, siendo el abandono de la certeza jurídica aquello que quiebra el
estado de derecho y acarrea con él, claramente, la protección física y mental.
Sin estos elementos básicos es imposible pensar siquiera en vivir de forma sana
en un lugar.
Les preguntamos
entonces a ellos. ¿Quién querrá vivir en zonas de guerra?, ¿Quién querrá
estudiar en un país donde no hay certeza jurídica?, ¿Quién querrá emprender o
siquiera imaginar un proyecto de vida en un lugar en donde los delitos quedan
impunes y son premiados por aquellos que se supone legislan para el ciudadano
común?, ¿O es que acaso en el congreso ya no se legisla para el ciudadano
común?
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